Esta mañana en el ascensor de mi edificio apareció una copia del petitorio de Blumberg. Lo leí con detenimiento y decidí no firmarlo porque no estoy de acuerdo con lo que propone (especialmente la parte que concierne a los celulares). Lo reproduzco aquí, junto con mis objeciones a cada punto:
1- “Impulsar la sanción en la Honorable Cámara a vuestro cargo, de la legislación penal que contemple los siguiente puntos. Una ley que reprima la portación de armas con pena de prisión no excarcelable”.
Esto no me parece una mala idea. Lo que no entiendo es cómo se espera que esto haga disminuir la tasa de secuestros y otros crímenes. Alguien que se dedica a los secuestros no va a andar por ahí mostrando un arma que porta sin permiso. Esto podrá sacar de las calles a un imbécil que va a ver un partido de fútbol con un arma ilegal encima. En el caso de un delincuente profesional con dos dedos de frente, el arma sólo sería descubierta al ser detenido por algún otro motivo.
2- “Una ley que obligue a la registración pública de la telefonía celular móvil con indicaciones de los datos personales del titular y su documentación. Asimismo, se registren quiénes venden o alquilen dichos aparatos. Prohibición de venta a quienes registren antecedentes penales. Regular la facultad de las fuerzas de seguridad a verificar la titularidad en la vía pública y al secuestro de la tenencia irregular”.
Esto me parece irrelevante y hasta contraproducente. Pensar que alguien va a dejar de organizar crímenes al no tener teléfono celular es tremendamente ingenuo. Los secuestros no comenzaron con los teléfonos celulares. Los secuestradores siempre van a encontrar la forma de comunicarse y organizarse. Al ser ilegal que alguien con antecedentes penales posea un teléfono celular, se crea el incentivo para un mercado paralelo de celulares truchos. También se crea una nueva motivación para secuestros express y robos: los documentos robados y los teléfonos celulares en funcionamiento pasan a ser un botín interesante. Aún peor es la marginación social de cualquiera que haya cumplido una condena penal por el motivo que sea y esté intentando reintegrarse al mercado laboral. Cada vez más ocupaciones requieren estar comunicado en la calle. No creo que queden muchos taxistas que no tengan celulares, por dar un ejemplo.
Un párrafo aparte para la facultad de las fuerzas de seguridad de identificar a los poseedores de un teléfono celular. Un extranjero con un celular de otro país que funciona aquí no podría justificar su tenencia. Alguien que no tenga su documento encima, tampoco. Los medios técnicos para que un policía pueda verificar un celular no existen y requerirían una inversión. Esto daría pie a escenas como la siguiente:
Oficial: El sistema no me registra su celular, señor. Voy a tener que decomisarlo.
Individuo: No puede ser. Tiene que ser un error de ustedes.
Oficial: Es posible, a veces pasa. En todo caso va a tener que acompañarme a la seccional.
(la resolución de esta escena queda librada a la imaginación del lector).
3- “Adoptar un sistema de documentación personal (DNI) que impida su falsificación o adulteración, similar a lo implementado en los pasaportes”.
Tampoco es una mala idea en teoría. En la práctica esto requeriría una inversión enorme. Peor aún, como vimos anteriormente, esto convierte a un documento en un objeto valioso que justifica un robo o un secuestro express.
4- “Legislar un sensible aumento en las penas mínimas y máximas para los delitos de homicidio, secuestro y violación (mínimo 20 años). Establecer un régimen de especial severidad cuando en el delito participen o estén involucrados funcionarios o miembros de fuerzas de seguridad. Las penas sean siempre de cumplimiento efectivo y total sin salidas anticipadas en ningún caso. Modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores”.
5- “Modificar la pena en condena por dos o más hechos. las penas deben sumarse sin límites máximos”.
6- “Que la pena perpetua sea perpetua. No más 25 años de máximo”.
Esto está pensado desde el punto de vista de quien que cree que los criminales son personas centradas y racionales, que se sientan a hacer una evaluación de costo-beneficio respecto de un golpe a cometer. Hacen un análisis matemático con tablas que indican la probabilidad y el costo de ser capturado, y la ganancia en caso de escapar con éxito.
FLASH DE NOTICIAS:
1) Los delincuentes suelen no estar al tanto de las leyes. Son delincuentes, no abogados.
2) El perfil de un delincuente no es el de una persona tranquila y sensata que se sienta a tomar mate mientras pondera las posibles consecuencias de sus actos. Hay estudios que demuestran la falsedad de esta hipótesis: la gran mayoría de los delincuentes creen que no serán capturados y no tienen idea de las consecuencias en caso contrario. Peor aún en el caso de un secuestrador que está dispuesto a jugarse la vida en un tiroteo con la policía. Lo último que le pasa por la cabeza es un año más o menos de cárcel.
Mucho más importante que la severidad de las penas es aumentar la percepción de que la probabilidad de captura es muy alta. Esto es algo mucho más obvio para un delincuente. Si nota que otros van siendo detenidos pasan dos cosas: por un lado le resulta más difícil formar un equipo. Por otro, el “negocio” le parece menos atractivo dada la probabilidad de fracasar que percibe.
7- “Legislar imponiendo para los excarcelados, sean procesados o condenados, una reeducación a través del trabajo. Establecer un mínimo de 8 horas diarias de trabajo para la comunidad, obras públicas nacionales, provinciales o municipales. Asimismo cárceles para el trabajo y el aprendizaje de artes y oficios. El trabajo dignifica tanto al hombre libre como al detenido”.
Esto me parece correcto y deseable, quizás luego de una generación tenga una influencia positiva. No hace a la cuestión inmediata.
A mi entender, la falla fundamental del petitorio está en que parece haber sido reactado por alguien sin la formación necesaria para resolver este tipo de problemas. Las soluciones a este tipo de problemas sólo pueden buscarse a través del estudio de casos similares a nivel mundial y las medidas que tuvieron efectos positivos. Es irresponsable proponer medidas cuya ineficacia ha sido demostrada, analizada y explicada.